El Título Preliminar de la Constitución de 1978 (arts. 1-9) fija las decisiones políticas fundamentales. El art. 1.1 proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3). El art. 9.3 garantiza, entre otros, el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
El Título I ("De los derechos y deberes fundamentales", arts. 10-55) se inicia con el art. 10.1, que sitúa la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social. El art. 10.2 ordena interpretar los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España.
El núcleo de máxima protección son los derechos fundamentales y las libertades públicas de la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15-29), a los que se suma la igualdad ante la ley (art. 14). Conviene retener los principales:
La clasificación de los derechos depende de su grado de garantía. El art. 53 CE establece tres niveles: el art. 53.1 dispone que los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley que respete su contenido esencial; el art. 53.2 reserva la máxima tutela al art. 14 y a la Sección 1.ª (más la objeción de conciencia del art. 30.2), mediante un procedimiento ante los tribunales ordinarios basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; el art. 53.3 reduce los principios rectores del Capítulo III a su alegación ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen.
Las garantías se sistematizan en normativas (aplicación directa, reserva de ley orgánica del art. 81, contenido esencial y rigidez del art. 168), jurisdiccionales (procedimiento preferente y sumario, amparo y habeas corpus) e institucionales (Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal). El art. 55 CE regula la suspensión de determinados derechos: con carácter general (art. 55.1) durante los estados de excepción o de sitio, y de forma individual (art. 55.2), con intervención judicial y control parlamentario, para investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas.
El recurso de amparo protege los derechos de los arts. 14 a 29 y la objeción de conciencia (art. 41 LOTC). La LO 2/1979 distingue el amparo parlamentario (art. 42, plazo de tres meses), el amparo frente al Gobierno y la Administración (art. 43, plazo de veinte días, previo agotamiento de la vía judicial) y el amparo frente a actos judiciales (art. 44, plazo de treinta días). Están legitimados la persona afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 46). La demanda debe justificar la especial trascendencia constitucional (arts. 49 y 50, introducida por la LO 6/2007).
El Tribunal Constitucional (Título IX, arts. 159-165 CE) es el intérprete supremo de la Constitución y no forma parte del Poder Judicial. Se compone de doce miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado (por mayoría de tres quintos), dos del Gobierno y dos del CGPJ (art. 159.1). Son juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio, designados por nueve años y renovados por terceras partes cada tres años. Conoce del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo (art. 161.1.b), de los conflictos de competencia y de la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163). Sus sentencias se publican en el BOE, tienen valor de cosa juzgada y no admiten recurso (art. 164).
Finalmente, el Defensor del Pueblo (art. 54 CE; LO 3/1981) es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I, supervisando la actividad de la Administración. Es elegido por mayoría de tres quintos del Congreso y ratificado por el Senado, con un mandato de cinco años; goza de independencia, inviolabilidad e inmunidad (art. 6 LO 3/1981). Tramita quejas presentadas por escrito en el plazo de un año, de forma gratuita, sin poder modificar los actos administrativos, y está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo (art. 29 LO 3/1981).
1. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Española de 1978?
La CE de 1978 consta de un Preámbulo, un Título Preliminar (arts. 1-9) y diez Títulos numerados (arts. 10-169), totalizando 169 artículos (CE, estructura general, BOE-A-1978-31229).
2. ¿Qué disposiciones contiene la parte final de la Constitución Española de 1978?
La CE incluye 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final (CE de 1978, estructura general, BOE-A-1978-31229).
3. ¿Qué artículos comprende el Título Preliminar de la Constitución Española?
El Título Preliminar de la CE comprende los arts. 1 a 9; los Títulos numerados I a X abarcan los arts. 10 a 169 (CE de 1978, estructura general).
4. Según el art. 1.1 CE, ¿cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado español?
El art. 1.1 CE proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
5. El art. 1.1 CE define a España como un Estado con tres caracteres. ¿Cuáles son?
Según el art. 1.1 CE, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.
6. Según el art. 1.2 CE, ¿en quién reside la soberanía nacional?
El art. 1.2 CE establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
7. ¿Cuál es la forma política del Estado español según el art. 1.3 CE?
El art. 1.3 CE dispone que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
8. El art. 2 CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y, al mismo tiempo, reconoce y garantiza:
El art. 2 CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas.
9. Según el art. 3 CE, respecto del castellano como lengua española oficial del Estado, todos los españoles tienen:
El art. 3 CE establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
10. Según el art. 5 CE, ¿cuál es la capital del Estado?
El art. 5 CE dispone literalmente que la capital del Estado es la villa de Madrid.
11. ¿En qué artículo de la Constitución se regulan los partidos políticos, exigiéndose que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos?
El art. 6 CE regula los partidos políticos como instrumentos de la participación política, cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Los sindicatos y asociaciones empresariales se regulan en el art. 7 y las Fuerzas Armadas en el art. 8.
12. El art. 8 CE atribuye a las Fuerzas Armadas como misión:
El art. 8 CE establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
13. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios garantizados expresamente por el art. 9.3 CE?
El art. 9.3 CE garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La separación de poderes no figura en esa enumeración.
14. Según el art. 9.1 CE, ¿quiénes están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico?
El art. 9.1 CE establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
15. Conforme al art. 4 CE, la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla:
El art. 4 CE dispone que la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
16. ¿Ante qué órgano se sustancia el recurso de amparo conforme al art. 161.1.b) CE?
El art. 161.1.b) CE atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 CE.
17. Según el art. 53.2 CE, la tutela de las libertades y derechos ante los Tribunales ordinarios se articula mediante un procedimiento basado en los principios de:
El art. 53.2 CE prevé que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos del art. 14 y la Sección 1.ª del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
18. ¿Cuáles son los derechos cuya tutela puede recabarse mediante el recurso de amparo conforme al art. 53.2 CE?
El art. 53.2 CE limita el amparo a las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección 1.ª del Capítulo II, siendo aplicable también a la objeción de conciencia del art. 30.
19. Conforme al art. 41 LOTC (LO 2/1979), ¿qué derechos son protegibles mediante el recurso de amparo constitucional?
El art. 41 LOTC establece que son protegibles en amparo los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 CE, así como la objeción de conciencia del art. 30.
20. Según el art. 41 LOTC, el amparo protege frente a violaciones originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho procedentes de:
El art. 41 LOTC dispone que el amparo protege frente a violaciones originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las CCAA y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.
21. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de amparo parlamentario del art. 42 LOTC, contra decisiones o actos sin valor de ley de las Cortes o de las Asambleas legislativas de las CCAA?
El art. 42 LOTC fija un plazo de tres meses, contados desde que, con arreglo a las normas internas, las decisiones o actos sin valor de ley sean firmes.
22. En un juzgado se ha dictado sentencia firme que, según el interesado, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Ha agotado todos los recursos en la vía judicial. ¿Qué tipo de amparo procede y en qué plazo?
Por tratarse de una violación cuyo origen inmediato y directo está en un acto u omisión de un órgano judicial, procede el amparo del art. 44 LOTC, con plazo de treinta días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial, una vez agotados todos los recursos.
23. Un ciudadano sufre una vía de hecho de una Administración autonómica que vulnera un derecho fundamental. Tras agotar la vía judicial, se le notifica la resolución del proceso judicial previo. ¿De qué plazo dispone para acudir en amparo al TC y conforme a qué precepto?
El amparo frente a actos, disposiciones, omisiones o vía de hecho del Gobierno o de las Administraciones públicas se rige por el art. 43 LOTC, que exige agotar la vía judicial y fija un plazo de veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
24. Conforme al art. 44 LOTC, ¿cuál de los siguientes NO es un requisito del amparo frente a actos judiciales?
El art. 44 LOTC exige agotar todos los recursos de la vía judicial, que la violación sea imputable de modo inmediato y directo al órgano judicial y haber denunciado formalmente la vulneración tan pronto hubo lugar. No exige informe previo del Ministerio Fiscal.
25. En la oficina judicial se registra un amparo del art. 44 LOTC en el que el recurrente no agotó un recurso ordinario que aún tenía disponible en la vía judicial. ¿Qué obstáculo de admisibilidad presenta la demanda?
El art. 44 LOTC exige haber agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial antes de acudir en amparo frente a actos judiciales; su incumplimiento obsta a la admisión.
26. Según el art. 46 LOTC, en los amparos de los arts. 43 y 44 LOTC, están legitimados:
El art. 46 LOTC legitima, en los amparos de los arts. 43 y 44, a quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal.
27. Conforme a los arts. 49.1 y 50 LOTC, ¿qué requisito debe justificar la demanda de amparo, introducido por la LO 6/2007?
Los arts. 49.1 y 50 LOTC exigen que la demanda de amparo justifique la especial trascendencia constitucional del recurso, requisito introducido por la LO 6/2007.
28. Según el art. 50 LOTC, ¿con qué mayoría acuerda la Sección la admisión a trámite del recurso de amparo cuando concurren los requisitos exigidos?
El art. 50 LOTC dispone que la Sección acordará por unanimidad la admisión del recurso cuando concurran, entre otros requisitos, la especial trascendencia constitucional.
29. En la oficina judicial se recibe una demanda de amparo dirigida al TC que no contiene justificación alguna de la especial trascendencia constitucional. Conforme a los arts. 49.1 y 50 LOTC, ¿qué consecuencia procede?
Los arts. 49.1 y 50 LOTC exigen que la demanda de amparo justifique la especial trascendencia constitucional; su ausencia afecta a la admisibilidad, pues la Sección solo admite cuando concurre dicho requisito (introducido por la LO 6/2007).
30. Según los arts. 53 y 55 LOTC, ¿cuál de los siguientes pronunciamientos NO corresponde a una sentencia que otorgue el amparo?
Los arts. 53 y 55 LOTC señalan que la sentencia que otorga el amparo contendrá la declaración de nulidad, el reconocimiento del derecho o libertad vulnerados y el restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho. No se prevé condena en costas automática como pronunciamiento del amparo.
31. El TC estima un amparo frente a una resolución judicial que impidió el pleno ejercicio de un derecho fundamental. ¿Qué pronunciamientos puede contener la sentencia estimatoria, conforme a los arts. 53 y 55 LOTC?
Conforme a los arts. 53 y 55 LOTC, la sentencia que otorga el amparo puede declarar la nulidad de la decisión, reconocer el derecho o libertad vulnerados y restablecer al recurrente en la integridad de su derecho con las medidas apropiadas.
32. Conforme al art. 56 LOTC, ¿qué efecto produce la interposición del recurso de amparo sobre el acto o sentencia impugnados?
El art. 56 LOTC establece que la interposición del recurso de amparo no suspende los efectos del acto o sentencia impugnados; no obstante, la Sala podrá acordar la suspensión cuando la ejecución hubiere de ocasionar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad.
33. Interpuesto un amparo, el recurrente alega que la ejecución de la sentencia impugnada le causaría un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad. ¿Puede acordarse la suspensión y con qué límite, según el art. 56 LOTC?
El art. 56 LOTC permite a la Sala acordar la suspensión total o parcial cuando la ejecución haría perder al amparo su finalidad, siempre que no se siga perturbación grave de un interés constitucionalmente protegido ni de los derechos de un tercero.
34. Una Asamblea legislativa autonómica adopta un acto sin valor de ley que un parlamentario considera lesivo de un derecho fundamental amparable. El acto deviene firme conforme a las normas internas. ¿Qué precepto rige el amparo y qué plazo se aplica?
El amparo frente a decisiones o actos sin valor de ley de las Asambleas legislativas de las CCAA se rige por el art. 42 LOTC, con plazo de tres meses desde que sean firmes conforme a las normas internas.
35. Para interponer el recurso de amparo del art. 43 LOTC (frente al Gobierno o la Administración) se exige, como requisito previo:
El art. 43 LOTC exige haber agotado la vía judicial procedente antes de acudir en amparo frente a disposiciones, actos, omisiones o vía de hecho del Gobierno o de las Administraciones públicas.